La Deputación de Ourense y el Concello de Xinzo de Limia han sido condenados por el Juzgado de lo Social número 1 de los de Ourense a readmitir en su puesto de trabajo a un trabajador, afiliado de la CIG, que fue despedido el pasado mes de junio. El juzgado condena a ambas instituciones solidariamente a readmitir al trabajador en su puesto, “en iguales condiciones que antes del despido, y se le abonen los salarios dejados de percibir”. Es decir, 6 meses de salarios ya que el despido se produjo el día 30 del mes de junio pasado.
El Juzgado estima que la Deputación cedió ilegalmente al Concello de Xinzo de Limia a este trabajador, y considera que existió “violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.
La sentencia aún no es firme, al caber el recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El trabajador en cuestión llegó a acumular 14 contratos de la Deputación de Ourense, en varios casos incluso prorrogados, la mayor parte de ellos como monitor deportivo.
En el último, que hacía el número 14, tenía una categoría de “Ayudante-Auxiliar”, para la “Preparación de eventos deportivos, colaboración con la Consellería de Deportes y preparación de documentación administrativa, y atención e información al público durante el año 2009/2010”.
Fue cedido por la Deputación de Ourense al Concello de Xinzo de Limia, y el 1 de julio, según consta en la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 1 de esta ciudad, el concelleiro de Deportes le comunicó “que dejara de trabajar”.
Ahora el Juzgado lo repone en su puesto de trabajo obligando al abono solidario de las 6 mensualidades que ha dejado de percibir desde junio.

La CIG anuncia que denunciará más casos de cesiones, siempre a concellos gobernados por el PP

Al menos según lo ve la CIG-Verín, la sentencia puede abrir una brecha importante en el modus operandi de la Deputación de Ourense en materia laboral. De hecho, una vez conocida, el dirigente de esta central sindical, Anxo García Torres, ya ha anunciado que la CIG “publicará e denunciará” otras acciones semejantes que el sindicato imputa directamente al presidente de la Deputación de Ourense, José Luis Baltar.
La CIG asegura que es práctica frecuente atribuir trabajadores de la Deputación directamente a concellos de la provincia gobernados por el Partido Popular, “e, o que é máis grave, tras ter sido previamente adxudicadas subvencións para a contratación dos operarios cedidos pola Xunta de Galicia á propia Deputación Provincial”, asegura la CIG.

La CIG señala que las cesiones se hacen siempre a concellos que gobierna el Partido Popular, “sen concurso público e sen preservar o dereito dos demais concellos a participar en pé de igualdade nesas adxudicacións”. Algo que, “como pouco”, la CIG califica de “inxusto dende o prisma da legalidade”.
García Torres recalca que “non é de recibo que o presidente da Deputación ceda traballadores a determinados concellos”. El sindicalista destaca que, en primer lugar, “é práctica prohibida pola lexislación laboral”, pero, además, “aínda que estivera permitida todos os concellos, sexan da cor política que sexan, teñen igual dereito a obter este tipo de beneficios da institución provincial por medio dos procedementos deseñados na Lei de Contratos do Sector Público”.

En cualquier caso, la CIG recalca que esta sentencia deja claro que las únicas empresas habilitadas para ceder trabajadores son las ETTs. Lo que no es ni puede ser la Deputación de Ourense, entiende este sindicato.