La Dirección General de Fondos Comunitarios aún no ha resuelto las alegaciones que en su día presentó la Deputación de Ourense a la resolución de la OLAF por la que se obliga a la institución provincial a reponer 10 millones de euros de los fondos comunitarios al centenar de depuradoras instaladas en esta provincia.
Así lo ha confirmado este martes la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Gobierno de España, Rosana Navarro, a la parlamentaria socialista por Ourense, Laura Seara Sobrado.

"Todo parece indicar que se confirmarán los peores augurios y Ourense tendrán que devolver los más de 10 millones de euros", ha señalado la parlamentaria socialista, a raíz de la respuesta de Rosana Navarro. Quien también confirmó que el Gobierno español inició en septiembre pasado el expediente de reintegro de dichos fondos y que el informe de la OLAF se halla ahora mismo en la Fiscalía para su investigación y que Fiscalía disponga qué hará al respecto.

Seara se refirió al caso en términos de "gravedad" cuando señaló que "estamos ante un tema tremendamente serio que mancha el nombre de la provincia y de las instituciones y que condena a un territorio ya de por sí castigado como es Ourense a devolver más de 10 millones de euros", y pidió un posicionamiento del Gobierno respecto a si está de acuerdo con las conclusiones de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea, la OLAF, o si, por el contrario, comparte el argumentario de la Deputación ourensana expuesto en sus alegaciones.

Así mismo, Laura Seara advirtió al Gobierno español de que "es sorprendente que Beteta haya puesto como ejemplo a la Deputación de Ourense como ejemplo de buena gestión", en alusión a las declaraciones del 10 de mayo de 2011, cuando el secretario de Estado de Administraciones Públicas dijo en Ourense, con motivo de la II Xornada sobre futuro das provincias, que la Deputación de Ourense "es un ejemplo de gestión y racionalización del gasto", y destacó los modelos implementados por su presidente, Manuel Baltar, como iniciativas conducentes a "la eficiencia en la gestión y en la cooperación que debe existir entre los gobiernos intermedios y los municipios".