La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense que lleva el Caso Baltar ha desestimado los recursos de reforma presentados por el propio Baltar Blanco así como por Fiscalía, y mantiene la citación para el presidente de la Deputación de Ourense de comparecencia en calidad de investigado para el día 10 de marzo a las 12 del mediodía. Baltar Blanco es ahora investigado a raíz de la denuncia presentada contra él por una mujer que denunció promesas de trabajo a cambio de favores sexuales, por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La jueza indica al desestimar la reforma planteada por el propio investigado así como por el Ministerio Fiscal, que el auto de la denuncia relata que durante dos años, los que van de enero de 2010 a finales de 2012, se produjeron diversas reuniones entre la denunciante y el investigado para ayudarla en el ámbito laboral, promesa que, indica la jueza, se mantiene durante el año 2012 siendo ya el denunciado presidente de la Deputación de Ourense. Y establece la titular del 3 de los juzgados de Instrucción de Ourense que, "el hecho de que en el momento del acuerdo aún no fuera posible precisar en qué consistía la acción u omisión, no impide valorar como constitutivo de delito cualquier acto que tendiera a facilitar la obtención de un trabajo".

Asentado fundamentalmente el recurso de reforma planteado contra la decisión de la jueza en el hecho de que el investigado no fuera aún presidente de la Deputación cuando se produjeron los hechos denunciados, la jueza establece que "entre estos actos se incluía omitir el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad o funcionario. Ello sin perjuicio en su caso de la calificación como delito de tráfico de influencias dada la relación del denunciado con el presidente de la Diputación, que también se compromete e a proporcionarle un trabajo".

Así mismo, la jueza mantiene también que la denunciada ha de declarar como investigada (lo que ocurrirá el mismo día, 10 de marzo, dos horas antes, a las 10 de la mañana) añadiendo ahora la titular del Juzgado de Instrucción 3 de esta ciudad la de "perjudicada por un delito de acoso sexual". En tal caso, sí estima la jueza la alegación presentada por la denunciante relativa a que prestó servicios en una oficina del partido político al que pertenece el denunciado y la posible relación de inferioridad. En tal caso, se considera el hecho de que Manuel Baltar era "el jefe de la oficina, parlamentario gallegos y vicepresidente de la Cámara".
Contra esta decisión cabe recurso, si bien ya ante el estamento superior, la Audiencia Provincial.