Nada más anunciar este jueves el alcalde la obligatoriedad que el Concello de Ourense tiene de demoler el edificio de los números 146, 148 y 150 de la calle Marcelo Macías, la Comunidad de Propietarios respondía al anuncio de Jesús Vázquez advirtiendo al Concello de Ourense de que se enfrenta a "indemnizaciones millonarias" con cargo a las arcas municipales. Son 90 vecinos que aseguran que ellos obraron acorde a ley, que compraron sus viviendas "con todas las autorizaciones legales exigidas por ordenamiento jurídico en España", licencias de obra y de primera ocupación, y que en ningún momento se les hizo constar anotación alguna en el Registro de la Propiedad de la existencia de procedimiento judicial alguno.

Los vecinos "nos sentimos engañados", señalan en un comunicado, e inciden en que ni el promotor ni Nova Caixa Galicia División Grupo Inmobiliario (en este momento Abanca), "nadie puso en conocimiento de los consumidores, terceros de buena fe, la existencia de ningún pleito". El edificio se ajustaba a la ordenación del PXOM de 2003, subrayan los afectados, que recuerdan que así lo estableció la sentencia de 26 de julio de 2007 del mismo Tribunal que ahora ordena derribar, el Superior de Xustiza de Galicia. Por lo tanto, por la única causa en la que el edificio ahora se ha colocado en situación irregular es por la caída del Plan de Urbanismo de 2003, luego el Concello de Ourense es el directo responsable de la situación y los daños causados por la demolición del edificio.

La Comunidad de Propietarios no tiene ninguna duda al respecto, lo mismo que de los daños económicos que la demolición reportará para el Concello de la ciudad en indemnizaciones a los 90 titulares de viviendas y locales. "Es al Concello de Ourense a quien principalmente le resultan imputables las consecuencias", señalan, y recuerdan que "a lo largo de este tiempo no sólo no adoptó ninguna medida, sino que no incorporó la ordenación del Decreto 87/2011 de 29 de septiembre, por el que se suspende parcialmente la vigencia del PXOM y se aprueba la ordenación urbanística provisional hasta la entrada en vigor del nuevo planeamiento".