Que el modelo de gestión de los espacios feriales y expositivos de Galicia es tan deficitario como ineficiente, es algo tan evidente como inexplicable resulta que la Administración gallega lo siga sosteniendo con dinero público. Y sin embargo ocurre. Ya en su momento, en la década de los 90, resultó peligroso que, en plena euforia de este tipo de espacios e iniciativas, la Xunta de Manuel Fraga (presidió la Xunta entre 1990 y 2005) propiciara una Comunidad con el mayor número de recintos feriales en marcha. Y fue Galicia la única Comunidad de todo el Estado que optó por la forma jurídica de la fundación pública para la gestión de este tipo de recintos.

Así lo indica el informe del Consello de Contas de Galicia a la hora de evaluar la salud económica y financiera de los 5 entes feriales que a día de hoy se mantienen activos en Galicia. Para lo que, recuerda, ya en su día "se aplicó una solución específica consistente en la implantación de un plan de viabilidad que debería vincular las aportaciones económicas a la consecución de objetivos". Pero de nada, a lo sumo de poco, sirvió dicho plan de viabilidad a tenor de los resultados del informe. Tampoco la Xunta procedió con la lógica contundencia: "Transcurrido ese plazo la Xunta de Galicia analizaría de nuevo la situación, reservándose la posibilidad de desvincularse y suspender su participación en estos entes", establece el informe del órgano consultor. Nada de eso ocurrió.

Cuando se lleva a cabo el análisis del período de 2011 a 2013, consta que las fundaciones de A Estrada y de Expourense auditaron sus cuentas. Pero "la Intervención General no publica un informe comprensivo de la totalidad de las actuaciones desarrolladas en el ejercicio del control financiero permanente", sentencia el Consello de Contas. Es decir, control sí, pero muy peculiar. En el caso de Expourense, el Plan de Viabilidad dispuesto establecía unas líneas fundamentales de actuación para el año 2013 y la correspondiente contención del gasto con un ahorro de 70.000 euros a lo largo de este año. Luego los datos constatarían que la fundación ourensana cerraría con 110.000 euros más de pérdidas que el año anterior, 2012, pérdidas sobre pérdidas, ni un sólo ejercicio en positivo.

La Xunta de Galicia no sólo no revisó sus propias directrices sino que evitó el menor control sobre, incluso, lo estipulado por la propia Administración autonómica. Un acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 26 de abril de 2012 estableció el plazo de un año para que las 5 fundaciones feriales adoptaran "medidas concretas que permitan incrementar su eficiencia, reducir duplicidades y garantizar su viabilidad. El objetivo era lograr avances en el sector en la línea de avanzar en dinamismo, sostenibilidad y valor añadido, al tiempo que se sustituye la rivalidad entre recintos por la cooperación estratégica y la eficiencia". Pero el informe del Consello de Contas concluye al respecto que "con la información que contienen los informes de evaluación-seguimiento no se puede apreciar la eficacia de las recomendaciones ni los resultados e impactos de la intervención propuesta".

En tanto, la Administración autonómica de Núñez Feijóo mantuvo su proceder: más capitalización de las fundaciones con el dinero de los gallegos mientras los patronos se guardaban los suyos; y no menos subvenciones a unos espacios que un año tras otro cerraron ejercicio económico con números rojos (de los 32 resultados contabilizados por el Consello de Contas entre 2011 y 2015, sólo en 6 ocasiones se contabilizaron cierres en positivo)