195 plazas en ocho mancomunidades de la provincia y 3 en dos consorcios

Terras de Celanova y la comarca de O Carballiño tienen las dos mancomunidades con mayor oferta de la provincia. Las dos totalizan 128 plazas de las 195 que supone la suma de los ocho órganos supramunicipales

   
En cursiva figura la fecha del BOP en la que se publica (21/05 es el 21 de mayo, p.ej.)
En ROJO, los últimos concellos en publicar datos en el BOP
 

Ocho mancomunidades de la provincia ofertan 195 plazas que es preciso estabilizar. Las 128 plazas que suponen dos de ellas, las de Terras de Celanova y O Carballiño, suponen el 65,6% del total de las plazas. La Terras de Celanova anunció 74 y la de O Carballiño otras 54.

La principal ocupación y uso de estos órganos supramunicipales, una vez que la recogida de la basura pasó a llevarla la Diputación ourensana y la extinción de incendios, salvamento y siniestros en general el Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento, es lo relativo a lo social: trabajadores y auxiliares sociales y, sobre todo, los cuidados a los mayores y los hogares. Es decir, el SAF y el SAF, los servicios de Axuda no Fogar y Axuda a Domicilio denominados de una u otra forma según cada concello.

De hecho, el 61% de las plazas que será preciso estabilizar se ocupan en servicios de índole social, no menos de 120. A las 195 plazas que salen a concurso o concurso-oposición, hay que añadir otras 3, 2 de ellas en el mencionado de Incendios y Salvamento y 1 en el Consorcio Augas de Valdeorras.

 
 
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La Ley 20/2021

La medida emana, como en tantos otros casos, de la Unión Europea. El propio texto de la Ley 20/2021 así lo reconoce, cuando indica que aunque la aplicación de medidas de este tipo compete a los gobiernos de cada país, igual que "la determinación del abuso corresponde a los jueces nacionales", también señala que "los planes de recuperación y resiliencia serán coherentes con los retos y prioridades específicos de cada país, determinados en el marco del Semestre Europeo". Lo que equivale a que para que las ayudas fluyan es preciso aplicar las directrivas de la UE. Y las recomendaciones específicas de la Comisión Europea y del Consejo dirigidas a España, "han subrayado insistentemente la necesidad de poner fin a la elevada temporalidad en el empleo público", según recoge también la propia Ley 20/2021.

El texto legislativo abunda en los vicios del sistema a lo largo de no pocos años: la tasa de temporalidad en el empleo público es superior a la registrada en el sector privado; compromete la adecuada prestación de los servicios públicos; e impide articular políticas de recursos humanos para garantizar su calidad. La situación viene de viejo: la evolución del empleo ha estado marcada por el aumento de la tasa de temporalidad, llegándose al extremo de que casi un 30% de los empleados públicos en España tienen o han tenido un vínculo profesional temporal con la Administración Pública; no existe una práctica asentada de convocatoria periódica y sistemática, preferentemente con carácter anual, de las plazas vacantes, para su provisión definitiva (OPEs); y "el recurso al nombramiento de personal interino y a la contratación de personal temporal se ha constituido en una alternativa organizativa que ha acabado suponiendo un incremento excesivo de la temporalidad", señala el texto legislativo.

Que omite siempre la intencionalidad en el vicio del sistema y el interés por perpetuarlo. Es decir, el enchufismo, clientelismo y caciqueo con el saca y mete, que ha derivado en numerosas colocaciones en un mismo y único puesto o plaza. Y esto en miles de casos